Investigación de delitos complejos

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Los llamados delitos económicos suelen ser de compleja investigación y prueba.
El examen de las maniobras, su dilucidación para ser informadas a los jueces en un lenguaje no técnico requiere de una labor muy profesional y un esfuerzo para trasmitir los hechos de forma clara hacia los destinatarios, con una buena redacción y la capacidad docente para ilustrar y responder a las preguntas que se formulen al experto. De lograrse se contribuirá a la conformación de una prueba sólida.
A través del informe escrito, primero, y las explicaciones y aclaraciones, después, se debería lograr transportar al interlocutor al momento en que ocurrieron los hechos y revivir las condiciones y circunstancias de lo acontecido.
Se requiere analizar cuidadosamente las evidencias, desmenuzarlas y si es posible corroborarlas por medios alternativos. Una de las tareas es desandar cuidadosamente el camino transitado.
Además, el investigador debiera exponer los procedimientos técnicos que le permitieron arribar a sus conclusiones, los antecedentes de que se ha valido, pues la investigación debe encontrarse debida y suficientemente respaldada, de modo que resulte posible su reconstrucción, o al menos justificar la teoría y conclusiones a que ha arribado.
En el procedimiento de investigación de delitos económicos suelen tener participación algunos o varios de los investigadores que se enuncian en el siguiente esquema:

Delito
Sumario Administrativo
Auditoría Previa
Denuncia o Querella
Juzgado de Instrucción
Fiscalía de Instrucción
UFITCO
UFISES
Medidas Preliminares
Fuerzas de Seguridad
Captación de Pruebas
AFIP Inteligencia Fiscal
Oficina Anticorrupción
SIDE
INTERPOL
CNV
Banco Central
UIF
AGN
Peritos Oficiales
Peritos de Parte
Cámara Penal
Juicio Oral
Cámara de Casación

Para el éxito de un proceso es necesario que los investigadores cuenten con la idoneidad necesaria, generen informes certeros que tengan en cuenta los objetivos de la investigación y se encuentren debidamente coordinados.
De no cumplirse estas condiciones al tiempo de ser utilizados estos informes, el juicio que se lleve a cabo estará plagado de dudas y ello solo servirá para aumentar las estadísticas de los casos que no pudieron ser condenados por falta de pruebas y aumentar la sensación de impunidad en la sociedad.
Por el lado de los abogados particulares y fiscales, y en especial de los magistrados -resumiendo en ellos a todo el equipo que integra los juzgados y tribunales-, se requiere del mismo esfuerzo e idoneidad para interpretar los informes, de su contenido general y de todos los detalles relevantes. Y seguido de ello la puesta en práctica de los diferentes mecanismos de aclaración con la participación individual o conjunta de los testigos expertos.
La forma de mejorar los resultados es mediante la capacitación y coordinación de quienes contribuyen en alguna medida en las investigaciones criminales, para que, cuando llegue el momento del juicio oral no surjan dudas generadas en pruebas poco claras, incompletas o faltantes. De igual modo quienes tienen a su cargo la tarea de juzgamiento acercándose lo más posible al investigador con el objeto de convalidar sus conclusiones, en cuanto corresponda.
Más allá de las modificaciones que pudieren resultar necesarias en la legislación, creemos que debe trabajarse en el mejoramiento tal como lo enunciamos, los resultados que se obtendrán estarán mucho más próximos a la verdad y la justicia.
Cando de delitos complejos se trata, como es común en los delitos económicos, esta dificultad investigativa y probatoria se potencia, la maraña de cuestiones a desentrañar hace más difícil la realización de los estudios y su transmisión a quienes tienen a su cargo el juzgamiento. De no realizarse una tarea impecable y completa, adecuadamente coordinada por quienes tienen a su cargo el proceso judicial, las posibilidades de encontrar grietas que generen dudas van en incremento, que muchas veces son difíciles de subsanar al momento de llevarse a cabo el juicio oral, o resulta tarde para ello.
Desde 1992 está vigente el enjuiciamiento oral en Capital Federal y en la jurisdicción federal. En estos once años se ha cumplido con la puesta en marcha de este procedimiento, que en mi opinión ha introducido un cambio muy positivo, sin duda es mucho mejor que el tradicional sistema escrito. En los años próximos corresponderá perfeccionar el sistema, a partir del mejoramiento de las investigaciones. A través de la capacitación de quienes tienen a su cargo una parte de la tarea de investigación, por medio de planes de capacitación adecuados de mediano y largo alcance.
Así como las normas internacionales de calidad requieren que los proveedores se ajusten a determinados requisitos, si aspiramos a elevar los resultados de las procesos penales, será necesario que todos los participantes y auxiliares nos ajustemos a pautas mínimas de calidad.
Estamos convencidos que de seguirse en este camino, en los diez años que siguen, o antes, podremos mejorar sustancialmente las estadísticas y la sensación de “justicia” que reclama la sociedad.

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La opinión del fiscal federal Federico Delgado